En la marcha del 18 de diciembre, en protesta por la sanción de la reforma previsional, uno de los hechos que más polémica generó de la enorme represión ejercida por las fuerzas de seguridad fue el ataque a Alejandro Rosado, un cartonero que huía de las balas de goma, que se intentó esconder detrás de un tacho de basura pero de todos modos fue alcanzado con un disparo a corta distancia que le produjo una herida profunda en la zona del abdomen y que segundos después fue pisado por una moto del GOM (Grupo de Operaciones Motorizadas).
Por este caso, días después y ante la presión mediática para ponerle nombre y cara al hecho, fue detenido Dante Héctor Hugo Barisone, efectivo del GOM, que vive en Hurlingham y está acusado de haber sido quien pisó a Alejandro. La identificación, sin embargo, no surge de testigos ni de cámaras ni de imágenes registradas por los reporteros gráficos, sino de Asuntos Internos y un supuesto testimonio de un efectivo con mayor rango que extiende su dedo índice hacia el eslabón más débil: un agente que ni siquiera tiene "carrera policial", más allá de haber ingresado a la Policía Federal como suboficial después de haber sido soldado voluntario y haber formado parte de la Policía Militar en esa Fuerza.
La detención de Barisone suena, a priori, "conveniente" para ambas partes. Le pone cara a la represión; permite acusar judicialmente a un efectivo, y le sirve a quienes ordenaron esa salvaje acción para mostrarse activos a la hora de no permitir "excesos". Y sería bueno y saludable que así fuera, si la historia fuera verídica y si el agente fuera el culpable.
Recluido en la superintendencia de Investigaciones desde su detención, en el expediente judicial negó haber sido quien pisó con la moto al cartonero, y dijo no poder dar nombres de quienes sí lo habrían hecho porque todos llevaban "casco" que haría difícil su identificación. Una verdad a medias.
Con el paso de los días empezaron a saltar inconsistencias en esa causa que lleva adelante el Juez Federal Sergio Torres, y que se basó por el momento en los informes de asuntos Internos de la propia Policía, la misma Fuerza que también puso abogados a Barisone y que ahora que el agente hizo consultas con un estudio particular, "desde arriba, muy arriba" le sugieren que no los cambie y que se siga manejando con los que le proporciona la Policía.
La versión del agente, fuera del expediente judicial por el momento, no es la misma que sostienen oficialmente. Señala como autores de ese hecho a efectivos de mayor rango y comienza a creer que quieren cortar en él, por el eslabón más débil de la historia.
Dante Barisone les jura a parientes, amigos y nuevos abogados, que no sólo no fue quien pisó a Alejandro, sino que tiene además elementos para demostrar su inocencia.
Según comentan sus allegados, el joven habría llegado a retirar la moto tras venir de estar de guardia en la Casa de la Moneda. Le correspondía regresar a su casa pero fue convocado para participar de la represión a la marcha. Y la orden para que intervinieran, dicen, fue "restablecer el orden público como sea".
A él le entregan la moto 1625. A esa le cargó nafta entregando vales (que figura en la Estación de servicio donde lo hizo) y sobre ese vehículo hace luego la entrega con firma y rendición de cuentas sobre su uso y cantidad de combustible. La que aparentemente habría pisado a Alejandro, en cambio, no es esa. Y la que figura que se paró al lado del joven ya caído es la 3333, que habría estado manejada por un Sargento de apellido Sosa que estaría acompañado por el agente Costilla.
Quien habría sido el autor del escopetazo que ocasionó la herida en el abdomen tampoco fue Barisone, sino un Principal de apellido Ortega. Según los allegados al agente encarcelado, él se encontraba ya a una cuadra del sitio cuando ocurren los hechos. El tiro que le adjudican en cambio a Ortega, habría sido hecho a 2 metros de distancia y luego fue pisado por otra moto. Las imágenes del expediente muestran el vehículo comandado por Sosa parado al lado de Alejandro Rosado, aunque sin embargo y a pesar de la cercanía, ambos efectivos dicen no poder identificar ni a quien disparó ni a quien pasó por encima de la pierna del joven caído.
Cabe mencionar también, que Barisone pidió que se observe el legajo de la moto; se secuestren los registros de la estación de servicio ubicada sobre la Avenida Belgrano donde cargó combustible y quedó registrado qué vehículo utilizaba y que citen a declarar a su compañero, para que se pueda comprobar que no comandaba la moto 3333. Sin embargo, más allá de lo solicitado por el imputado, el Juez debería haber pedido el secuestro de los historiales de todos los vehículos de esas características que participaron ese día del operativo, así como también las armas entregadas a los efectivos que queda asentado en el libro de la armería (Barisone también asevera no llevar escopeta en su moto), todos elementos de prueba que permitirían aclarar si quien está detenido es el responsable del hecho o si se corta la cadena por el eslabón más débil para proteger a alguien de mayor rango. Alguien que además, podría llevar la cadena aún más arriba, porque podría surgir de allí que quienes debían estar a cargo no lo habrían estado y que quienes lo estaban tal vez no no debían estarlo. Quizá así se entienda también el interés del ministerio de seguridad en el caso, a punto tal que envió un funcionario a hablar con el detenido y de los jefes de arriba, muy arriba de la propia Fuerza que insisten en que Barisone mantenga los abogados que le asignaron y rehúse cambiarlos.
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